Carlos Rivera - Ideeleradio
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Inexplicable sometimiento

Ideeleradio.- Hasta la fecha, no se conoce que el fiscal Marco Huamán haya recurrido a la vía judicial para que se ordene al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) que entregue los planes operativos que se desarrollaron para contrarrestar las protestas sociales en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuestionó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL),

“[Hay un] inexplicable sometimiento a la arbitrariedad de parte del Comando Conjunto respecto de un documento importante como los planes de operaciones. La primera semana de enero —10 u 11 de enero— es cierto la Fiscalía de la Nación envía dos fiscales a la sede del Comando Conjunto a recabar los planes de operaciones, y el Comando Conjunto —en las narices de los fiscales— le dice que no les van a dar esos documentos, porque dice que son secretos”, relató en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El 12 o 13 de enero, la Fiscalía de la Nación remite un oficio requiriendo esa información [los planes operativos] al jefe del Comando Conjunto. Y, días después, el Comando Conjunto responde, bajo una opinión supuestamente jurídica, que es un documento secreto y no se le va a entregar esa documentación”, puntualizó.

La consulta a PCM

Rivera Paz objetó, en ese sentido, que el fiscal Marco Huamán Muñoz no haya hecho un requerimiento de carácter judicial para obtener esos documentos. Asimismo, criticó que el magistrado haya enviado un oficio al premier Alberto Otárola para consultarle si es que el argumento del CCFFAA para negar la información es válido o no.

“He conversado con Marco Huamán, el fiscal a cargo de los casos —la última semana de febrero— y dijo que iba a hacer un requerimiento de carácter judicial [tras la respuesta del CCFFAA sobre la no entrega de los planes operativos]. Hasta la fecha, no tenemos conocimiento que él haya hecho ese requerimiento”, manifestó.

“Además, Marco Huamán tuvo la brillante idea de, tras la respuesta del Comando Conjunto [que deniega la entrega de los planes operativos], hacerle una consulta [sobre eso, a través de un oficio] al presidente del Consejo de Ministros, que es el investigado Alberto Otárola. […] Te imaginarás qué responde la PCM”, acotó.

Carpeta Ayacucho

No obstante, el coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal apuntó que fue la fiscal Mirela Coronel Molero quien logró que el Poder Judicial ordenara la entrega de los planes operativos.

“Sí lo ha hecho la fiscal Mirela Coronel, que es la fiscal del Equipo Especial encargada de la carpeta Ayacucho, y la fiscal Mirela Coronel presentó un requerimiento ante un Juzgado de la Corte Penal Nacional y el Juzgado le dio la razón, y emitió una resolución disponiendo que el Comando Conjunto entregue la información que estaba solicitando la Fiscalía y el Comando Conjunto hasta ahora no ha hecho caso”, reclamó.

Rivera Paz advirtió que hay mucha resistencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de entregar los planes operativos en Ayacucho, pese a existir una orden judicial.

“Esa información es, de verdad, sumamente relevante. A diferencia de Ayacucho, donde hay una resistencia —desde mi punto de vista abiertamente inconstitucional— del Comando Conjunto de no proporcionar los planes de operaciones, en otros lugares [la PNP] sí está proporcionando información sobre los planes de operaciones: el caso de Lima y el caso del Cusco me parece también que es un ejemplo como la Policía ha venido proporcionando alguna información”, manifestó.

Como se recuerda, la jueza Margarita Salcedo declaró fundado el requerimiento fiscal para la entrega de esta información, luego que la Segunda Brigada de Infantería Wari (Ayacucho) denegara este pedido por tratarse de “documentación reservada”.

Avances y retrasos

Finalmente, el abogado precisó que, en algunas de las ocho regiones, recién se está comenzando con el recojo de evidencia. Señaló que en otras carpetas fiscales, el Ministerio Público ha venido exigiendo a la Policía que proporcione información de los planes operativos y el personal que participó.

“Todavía estamos en etapa del curso de las investigaciones. Las carpetas son sobre los sucesos ocurridos en ocho departamentos, pero en algunas recién está comenzando el recojo de evidencias; Cusco, por ejemplo. Justamente el lugar donde ocurre el crimen contra Rosalino Flórez. Son carpetas que tienen un procedimiento bastante retrasado”, lamentó.

“En otras [carpetas fiscales], sí el Ministerio Público ha venido cumpliendo y exigiendo que la Policía proporcione información sobre el tipo de armamento, sobre el personal que ha participado, sobre los planes de operaciones”, mencionó.

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