Brenda Montenegro - Ideeleradio
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Acción de la Policía

Ideeleradio.- En los casos en los que exista un peligro para la seguridad de los fiscales, es necesario que se tomen prontas decisiones, sostuvo Brenda Montenegro, fiscal superior de Junín, tras considerar que debería activarse la acción interinstitucional de la Policía, previa gradación de los hechos.

Fue al considerar que los magistrados entienden que están sujetos a cuestionamientos por las decisiones que tomen, pero anotó que hay muchos casos en los que los fiscales se ven injustamente en medio de actos de hostigamientos.

“Debería activarse la acción interinstitucional de la Policía [en estos casos], puede ser, en algún caso, la Defensoría del Pueblo, como intervino en el caso de Jorge Luis Salas Arenas [presidente del Jurado Nacional de Elecciones], quien se vio inmerso en una campaña de desacreditación, lo que se llamó el famoso terruqueo, que nos puede pasar a cualquiera por una decisión que tomemos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Las personas tienen derecho a denunciarnos o cuestionarnos ante los órganos de control, porque precisamente la ley les franquea estos recursos, pero que se investigue rápidamente, y en los casos en los que exista un peligro para la seguridad de los fiscales, que se tomen las decisiones prontas. Eso sería lo necesario”, apuntó.

Seguridad del Estado

Montenegro Arenaza precisó que casi la mayoría de fiscales no cuentan con protección permanente por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), y explicó que estas medidas suelen ser otorgadas cuando los magistrados, por el trabajo que realizan, son víctimas de  amenazas, actos violentos u hostigamientos.

“En general, casi la mayoría de fiscales no contamos con protección permanente, como tampoco la tienen los jueces. Lo cierto es que tienen que darse ciertas circunstancias específicas para que se nos proporcione esa protección”, refirió.

“[Esa protección se da] cuando nos vemos inmersos en amenazas, en actos violentos o de repente en cierto tipo de hostigamientos para que la Policía Nacional de Perú, a través de la División de Seguridad del Estado nos otorgue la protección personal o individual, ya sea también a nuestra familia, a través de dos o cuatro policías, según sea el caso”, agregó.

Hay despachos susceptibles

En otro momento, la magistrada comentó que los despachos del Ministerio Público más vulnerables a este tipo de amenazas o actos de amedrentamiento son los despachos que luchan contra la corrupción, que ven casos contra la criminalidad organizada o violaciones contra los derechos humanos.

“Definitivamente los despachos más vulnerables considero que serían aquellos que luchan contra la corrupción, por las condición de los sujetos que son investigados [que] se trata muchas veces de autoridades y, por ello, tienen la capacidad de ejercer algún tipo de presión y también amenazas o coacción en contra de los fiscales”, detalló.

“Seguidamente tenemos a los despachos que se encargan de investigar a la criminalidad organizada, porque el Ministerio Público tiene fiscalías especializadas, no solamente en delincuentes comunes sino en criminalidad organizada. Y allí estamos viéndonos ante un aparato que tiene toda la capacidad de dañar y vulnerar la integridad, la honra o mediante amenazas en contra de los fiscales. También tenemos [fiscalías que ven] las graves vulneraciones contra los derechos humanos, que tampoco se puede pasar por alto”, afirmó.

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