Ministerio de Cultura - Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial - PIACI (Fotos - Andina - Ministerio de Cultura)
Ministerio de Cultura - Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial - PIACI (Fotos - Andina - Ministerio de Cultura)

 

Podría producir una debacle poblacional

Ideeleradio.- El Estado peruano tiene que cumplir con su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), remarcó la antropóloga y especialista en comunidades nativas, Beatriz Huertas, tras advertir que la aprobación del Proyecto de Ley 3518/2022-CR podría generar una nueva debacle poblacional para dichas comunidades.

“El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y eso es algo que no está haciendo. [El Estado] está haciendo todo lo contrario al no defender los derechos de los PIACI como debiera, al aceptar, al promover proyectos de Ley como el 3518/2022-CR”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Al autoridades regionales —como el gobernador regional de Loreto, [Jorge René Chávez Silvano]— respaldar proyectos de ley como este, lo que están haciendo es llevar a estos pueblos al riesgo de la extinción. Están condenándolos [a los PIACI] a la extinción”, subrayó.

Estimó, en ese sentido, que el proyecto que busca modificar la Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI) podría llevar a los PIACI a una nueva debacle poblacional.

“Ya durante la época del caucho, hace más de un siglo, se produjo la primera debacle poblacional de los pueblos indígenas, amazónicos, precisamente con esa mirada de la Amazonía como ese espacio, donde no importa nada más que explotar los recursos. Ahora nuevamente bajo ese mismo discurso e interés de explotar los recursos, con el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, se podría llevar a los PIACI a una nueva y última debacle poblacional”, señaló.

Como se sabe, en noviembre del año pasado, el congresista fujimorista Jorge Morante presentó el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, que propone quitarle facultades al Ministerio de Cultura (Mincul), en cuanto a la creación de las reservas para los PIACI, para entregárselas a los gobiernos regionales.

Tratados internacionales

La especialista recordó que el Estado peruano ha reconocido en tratados internacionales la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), y, por tanto, ha adquirido obligaciones para garantizar sus derechos humanos.

“Y más allá de eso tenemos al Estado. El Estado ha suscrito tratados, pactos, convenios internacionales para garantizar los derechos humanos. Y en estos momentos es el propio Congreso y el gobernador regional [de Loreto], a través de sus expresiones públicas, los que están poniendo en peligro a estos pueblos”, declaró.

“También es importante señalar que los gobiernos regionales ahora están asumiendo una serie de compromisos internacionales en el marco de lo que es acciones para mitigar los impactos del cambio climático, y entre los compromisos que están asumiendo están combatir, pues, la deforestación y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, precisó.

El Estado está muy callado

En otro momento, la especialista consideró que el Estado ha estado muy callado a lo largo de este año respecto a la campaña contra los PIACI. Recordó que el Ministerio de Cultura (MC) y otras entidades deben cumplir con su función de proteger a las comunidades indígenas de iniciativas como las que analiza el Parlamento.

“A nivel del Estado, el Ministerio de Cultura es el ente rector de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). La Ley 28736, su reglamento señala que el Ministerio de Cultura tiene que difundir, informar sobre la existencia de estos pueblos y garantizar sus derechos. Eso está muy claro, y [el Ministerio de] Cultura tiene que cumplir su función”, afirmó.

“Es importante señalar que a lo largo de este año en que esta campaña de negación de la existencia de los pueblos en aislamiento y ataques e intentos de debilitar la legislación que ampara sus derechos, el Estado ha estado muy callado. Han sido más las organizaciones indígenas las que han enfrentado estos ataques. Y no solo es el Ministerio de Cultura, la propia legislación establece un régimen especial transectorial de protección de estos pueblos, debido a su extrema vulnerabilidad”, explicó.

Remarcó, además, que este régimen especial involucra a los diferentes sectores del Estado, en sus diferentes niveles gubernamentales, en la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

“Este régimen especial involucra a los diferentes sectores del Estado y también a los distintos niveles gubernamentales que están relacionados, que tienen responsabilidad con la protección de estos pueblos: hablamos de gobiernos regionales, gobiernos locales. Entonces, todas estas autoridades tienen responsabilidad, tienen obligaciones en la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial”, dijo.

Esperamos más reacciones

Finalmente, indicó que gracias a la reacción de organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil se ha logrado frenar por el momento la aprobación del proyecto de Ley 3518/2022-CR.

“Ha habido una reacción muy importante liderada por las organizaciones indígenas, Aidesep, Orpio, ORAU, también organizaciones de la sociedad civil, pronunciamientos conjuntos de personalidades y organizaciones del mundo contra este proyecto de ley y a favor de la vida y de los derechos de los PIACI. Eso ha sido muy importante y es necesario que haya mayores pronunciamientos en ese sentido para frenar este proyecto de ley, que es tan peligroso para la vida de estos pueblos”, añadió.

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