Antonio Maldonado - Congreso (Fotos: Ideeleradio - Andina)
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Acompañamiento social

Ideeleradio.- El dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso no tiene la intención de fortalecer el instrumento de la colaboración eficaz, sino debilitarlo, advirtió el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, al considerar que las modificaciones propuestas vulnerarían la política del Estado en materia de la lucha contra la corrupción.

“Es clara también la intención de debilitar este instrumento [de la colaboración eficaz] cuando se pretende reprimir cualquier difusión [de información] de estos procesos, donde [los involucrados] son personas que están o han estado en el poder, y, por tanto, son los que neutralizan la acción del poder, precisamente. Por esa razón, es muy importante el acompañamiento de la sociedad civil, es muy importante el develamiento de informaciones  claves que, en general, se hacen de manera correcta”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por supuesto, hay sectores que revelan informaciones con el objeto de entorpecer las investigaciones, pero en el Perú eso no es lo que ocurre en un sentido general. En el Perú más bien este acompañamiento social, este tener a la sociedad informada permite a la sociedad entender hasta qué grado la corrupción infiltró y capturó el Estado”, agregó.

Como se sabe, la Comisión de Justicia aprobó un dictamen que modifica algunos artículos del Código Procesal Penal (CPP) y del Código Penal (CP) respecto a la colaboración eficaz, donde se establece que los procesos deberán realizarse en un plazo de ocho meses desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo o su denegación; y podrán prorrogarse hasta por cuatro meses más por causa justificada y ocho meses más en casos de crimen organizado. El proyecto plantea también la posibilidad de que los periodistas sean condenados si difunden testimonios de colaboradores eficaces en investigaciones del Ministerio Público.

La intención no es fortalecer

Maldonado Paredes refirió, en ese sentido, que este tipo de reformas buscan supuestamente fortalecer la lucha contra la corrupción, pero son todo lo contrario.

“Estas reformas tienen el título de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción por medio de fortalecer la ley de colaboración eficaz y son exactamente lo contrario. Analizadas en conjunto, es clara la intención no es fortalecer este instrumento valiosísimo, sino debilitarlo”, declaró.

“[Se busca] debilitarlo cuando se señala un plazo máximo para la actuación de los fiscales, cuando se exigen formalismos que no corresponden, porque es un proceso especial no contradictorio, y no siempre la presencia de la defensa es la expresión de respeto de garantías procesales en este tipo de procesos especiales, donde tiene que haber un sinceramiento, una confesión, y debe establecerse una relación de confianza entre la autoridad a cargo de este proceso de colaboración del Ministerio Público y el colaborador potencial”, argumentó.

Se vulnera una política

Dijo, en ese sentido, que este tipo de modificación legislativa sobre la colaboración eficaz intenta vulnerar la política del Estado en materia de la lucha contra la corrupción.

“En conjunto, estas medidas [contenidas en el dictamen] atentan contra una institución [como la colaboración eficaz] que seguramente puede ser mejorada, de eso no hay duda, pero no de esta manera, [pero no] contraviniendo ya no solo la legislación específica sobre colaboración eficaz, sino más allá de eso, porque se intenta vulnerar la política criminal del Estado peruano en materia de la lucha contra la corrupción por medio de la utilización de la colaboración eficaz […]”, sostuvo.

Compromisos internacionales

Maldonado Paredes indicó que el Estado podría ser cuestionado en el ámbito internacional, a través de los mecanismos de las Naciones Unidas, por emitir este tipo de medidas.

“Esa es la gravedad. No solo es una reforma normativa, sino que atañe a vulnerar compromisos internacionales del Estado peruano, y lleva incita la posibilidad de que el Estado sea observado y se le formule reclamos en ámbitos internacionales en el Mecanismo de seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesisic) o en los mecanismos de la ONU o inclusive en la revisión periódica del respeto de los estándares de derechos humanos”, puntualizó.

Vaticinó, asimismo, que ante un proceso de revisión de dichos estándares en el marco de un examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se advertiría que el Congreso estaría vulnerando las normas. Recordó, asimismo, la forma en que está integrada la Comisión de Justicia.

“Los protagonistas de esta reforma son partidos políticos cuyos líderes, o hablemos claro, cuyos dueños […] están algunos involucrados en graves procesos e investigados […]”, anotó.

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