Ana Leyva-CooperAcción

Ideeleradio.- El Acuerdo de Escazú era una oportunidad de poder avanzar en temas de protección al derecho de la información, la participación y el acceso a la justicia en materia ambiental, afirmó la responsable de programa de derechos colectivos y gestión del territorio de CooperAcción, Ana Leyva.

Fue al comentar la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aceptó el informe de la secretaría técnica que recomendaba no ratificar el Acuerdo de Escazú que firmó la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a nombre del Gobierno en 2018.

“Era una oportunidad el Acuerdo de Escazú para avanzar en temas de protección al derecho de la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En el tema ambiental no hay igualdad, porque el ejercicio de ese derecho requiere ciertas condiciones que no están dadas”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Decisión es lamentable

La representante de CooperAcción sostuvo, que resulta lamentable que nuestro país teniendo tantas desigualdades no haya ratificado dicho acuerdo.

“Es lamentable que el Perú teniendo tantas desigualdades haya perdido esta oportunidad que tenía por mejorar su institucionalidad ambiental, y la democracia. Darle la oportunidad a todos de acceder a la información, la participación efectiva y real, y de acceder a una justicia ambiental, que es difícil de conseguir cuando hay tantas desigualdades”, mencionó.

“[…] La legislación peruana tiene algunos desarrollos, pero no son suficientes y por eso es que hay tanto conflicto social. Cuando se deciden temas ambientales la gente siente que no puede participar adecuadamente, y este tratado permitía que el Estado avance por ejemplo en la generación de información”, mencionó.

Decisiones a ciegas

Refirió en ese sentido, que muchos conflictos en materia ambiental se deciden a ciegas y que dicho acuerdo permitía tener acceso a la información.

“Si nos generas información sobre los recursos naturales. Carecemos de información y muchas cosas se decide a ciegas. Entonces, por ejemplo, lo que hacía este acuerdo es no solo decir difúndase información, sino genérese la información necesaria. El Estado tiene que producir informes sobre el Estado de sus recursos y era un tema. Permitía dar un paso adelante”, anotó.

“La relación entre los actores, en el campo los campesinos y los pueblos indígenas tienen poco acceso a la información y hay una relación muy desigual con las empresas, con la que producen o explotan recursos”, anotó.

Gestión ambiental

Sostuvo, que el Acuerdo de Escazú permitía al ciudadano poder defenderse y mejorar en materia de gestión ambiental en el país.

“No hay manera de acreditar las preocupaciones [del ciudadano]. Por ejemplo, el río está contaminado y no tienen los mecanismos para poder defenderse, lo que hacía el acuerdo  daba poder al ciudadana, profundiza la democracia, legitimidad al Estado y mejora la gestión ambiental.  Eso iba ayudar mucho”, mencionó.

“Por el contrario favorecía a la soberanía, porque si produces información puedes defender tus intereses y además dabas gobernabilidad al país porque permitía que no haya conflictos. Si hay información transparente y clara disminuyes los conflictos”, puntualizó.

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