Amado Enco - Ideeleradio
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Decisión apropiada

Ideeleradio.- Ni el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, ni los fiscales supremos Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Luis Carlos Arce Córdova o Tomás Gálvez pueden asumir la investigación de los casos de altos funcionarios que estén vinculados a los CNM Audios, subrayó el procurador Amado Enco.

“[Pedro Chávarry, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Arce Córdova, Tomás Gálvez] no podrían conocer esos casos. De ninguna manera, de ninguna manera. No hay ninguna garantía que estas investigaciones se puedan llevar adelante con objetividad e imparcialidad si es que caen en manos de los fiscales que se encuentran comprometidos en estos hechos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por ahora, quizás estos dos fiscales supremos, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, sean las personas que podrían tener la condición suficiente a efectos de que puedan llevar adelante estas investigaciones”, apuntó.

Amado Enco hizo extensiva la preocupación de la Procuraduría sobre estos magistrados que integran, además, la Junta de Fiscales Supremos. Anotó que la defensa del Estado exige que se tomen las decisiones más apropiadas.

“Compartimos la preocupación en la Procuraduría, porque necesitamos que, frente a estos hechos, el Ministerio Público —como institución— garantice la intervención de un fiscal probo, honesto y que se encuentre completamente alejado, descontaminado de todos estos hechos de corrupción y que lleve adelante una investigación rigurosa”, aseveró.

Altos funcionarios

El procurador recordó que las denuncias contra altos funcionarios que tienen ciertas prerrogativas pasan por la evaluación y calificación de la Fiscalía de la Nación y son derivadas a fiscales supremos.

“Hay que hacer una importante reflexión. No es suficiente formular la denuncia. Consideramos que si bien es cierto es una decisión importante que motiva el inicio de una investigación que, además, pasa por una calificación que hace el Ministerio Público, es el fiscal el que califica si amerita o no abrir una investigación”, declaró.

“En el caso de los altos funcionarios, los que se denominan los aforados, los que tienen esta prerrogativa constitucional del antejuicio son decisiones que se tienen que tomar a nivel de la Fiscalía de la Nación, en la que participan los fiscales supremos, muchos de ellos hoy comprometidos en estos casos de presuntos actos de corrupción”, señaló.

Denuncia directa

El procurador anticorrupción recordó que, en su momento, solicitaron al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que se inhiba de conocer el pedido de investigación que presentó contra el suspendido juez César Hinostroza Pariachi. Mencionó que presentaron una denuncia directa ante el Congreso debido a una demora en el trámite de la misma en el Ministerio Público.

“Ese fue uno de los motivos [que había una denuncia desde hace varias semanas en el despacho de la Fiscalía de la Nación que no había sido calificada ], y porque nosotros habíamos pedido que el fiscal de la Nación [Pedro Chávarry] se inhiba de conocer estos casos, porque se encontraba comprometido con uno de los involucrados más importantes, estamos hablando de César Hinostroza Pariachi”, declaró.

“Esta fue la razón que motivó a la Procuraduría a tener que recurrir a este camino directo de la denuncia constitucional [contra Hinostroza] que de acuerdo al Código Procesal Penal no existe un impedimento legal”, declaró.

Dos últimas denuncias

Enco Tirado recordó, además, que recientemente la Procuraduría formuló dos denuncias que devienen de los audios en que César Hinostroza conversa telefónicamente, por separado, con dos magistrados supremos.

“Las dos últimas denuncias que la Procuraduría procesó, trabajó y ha formalizado, ha sido contra el juez supremo César San Martín Castro, [porque] existe un audio que lo involucra con estos hechos. Y la última que ha sido presentada el día de ayer, referida al fiscal supremo Tomás Gálvez y al juez supremo César Hinostroza Pariachi, porque hay información que a juicio de la Procuraduría revelan hechos que tienen connotación penal”, explicó.

“A nuestro juicio existen los suficientes elementos, a este nivel preliminar, cuando menos hay una sospecha razonable de que  estarían vinculados a estos casos, y por esa razón, la Procuraduría tomó esta decisión de solicitar al fiscal de la Nación que disponga la apertura de indagaciones previas, a efectos de que se investigue la participación de los dos magistrados”, detalló.

Hemos desplegado acciones

Finalmente, el abogado del Estado resaltó que desde que se hizo público el caso de los CNM Audios han venido realizando un despliegue de acciones penales. Mencionó que la Procuraduría Anticorrupción ha denunciado a magistrados superiores y supremos involucrados en este caso.

“La Procuraduría —desde que se difundieron estos audios que revelaban actos de corrupción al más alto nivel en la Corte Superior del Callao y que comprometía también a la Corte Suprema, al Consejo Nacional de la Magistratura y también en este momento nos damos cuenta que habría alcanzado inclusive a algunos miembros del Ministerio Público a nivel de fiscalía suprema— ha hecho un despliegue de ciertas acciones legales para  defender los intereses del Estado”, subrayó.

“[Una de] las últimas denuncias que se han presentado ha sido la que se presentó ante el Congreso de la República fue una denuncia constitucional directa, habida cuenta que habíamos advertido por parte del fiscal de la Nación una omisión a un delito muy importante en esta trama, el delito de organización criminal, y tuvimos que hacerlo ya que había una denuncia nuestra hace varias semanas en el despacho de la Fiscalía de la Nación que no había sido calificada”, recalcó.

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