Álvaro Másquez - Ideeleradio
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Hay una gran brecha

Ideeleradio.- La voluntad del Estado no ha sido suficiente para poner freno a la violencia desmedida que existe en contra de los defensores indígenas de derechos humanos, sostuvo Álvaro Másquez Salvador, integrante del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“La voluntad del Estado no ha sido suficiente para poner freno frente a la violencia [contra los defensores ambientales]. Lo que tenemos es un problema de violencia desmedida en contra de los defensores indígenas de derechos humanos, sobre todo en la Amazonía. La respuesta del Estado, como siempre, llega tarde, incompleta y no logra satisfacer las necesidades de la población”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Másquez Salvador explicó, por ejemplo, que ha sido limitada la implementación del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, publicado el 22 de abril del 2021.

“En efecto, en algunas semanas se cumplirá un año de la publicación del nuevo mecanismo intersectorial para personas defensoras de derechos humanos que dirige el Ministerio de Justicia. El documento, como instrumento de política pública, es impecable; [este] cuenta con la participación de siete ministerios, incluyendo algunos claves como Interior, Ambiente, Agricultura y otros, pero lamentablemente del diseño a la implementación hay una gran brecha”, señaló.

“Y podemos decir con bastante seguridad que la implementación del protocolo o del nuevo mecanismo —si quieren llamarlo así— ha sido sumamente limitado en la realidad. […] El mecanismo no logra ofrecer seguridad inmediata”, subrayó.

Un desfase en la realidad

En otro momento, el integrante del IDL indicó que si bien existen funcionarios bien intencionados estos no logran articular mecanismos de reacción y de prevención. Cuestionó la falta de acción del Ministerio del Interior, del Ambiente, y el de Desarrollo Agrario y Riego.

“Si el mecanismo no vincula al Ministerio del Interior, que representa a la fuerza legítima del Estado; si el mecanismo no logra medidas de prevención, […] y Agricultura no ha hecho nada, porque debería haber tomado acciones preventivas y no ha hecho nada; [si] el Ministerio del Ambiente que continúa elaborando protocolos y lineamientos directivas que no logran frenar el incremento de la criminalidad ambiental, entonces tenemos un desfase en la realidad”, aseveró.

“Tenemos funcionarios muy bien intencionados, muy bien preparados en los ministerios en Lima, pero que no logran articular mecanismos locales para poder responder a las amenazas”, agregó.

Inercia burocrática

Finalmente, dijo que la inestabilidad política y la inercia burocrática entre el Ejecutivo y el Congreso tampoco ha ayudado a que el Estado proteja de mejor forma a los defensores indígenas de derechos humanos.

“Además, la inestabilidad política que se ha generado en estos últimos meses de este gobierno no ha ayudado. Hemos tenido cuatro o cinco ministros del Interior en los últimos meses y, el Ministerio del Interior tiene una gran deuda con este mecanismo intersectorial, que es un protocolo de actuación policial, que se tiene ya en borrador desde hace varias gestiones —algunas le han prestado más atención que otras— y hasta ahora no se aprueba”, lamentó.

“Entonces, el vaivén que va y viene entre el Ejecutivo y el Congreso, esta inercia burocrática que generan, no está ayudando a proteger precisamente a quienes debería proteger el Estado”, enfatizó.

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