Álvaro Másquez Salvador - Ideeleradio
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Medidas cautelares

Ideeleradio.- El Estado ha fracasado en la atención a los afectados por los derrames de petróleo, y es por eso que las víctimas optan por acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitar medidas cautelares, afirmó Álvaro Másquez Salvador, integrante del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue el ser consultado por las declaraciones de Stuardo Ralón, relator especial para Perú y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien señaló que la CIDH le dará un especial seguimiento y prioridad al pedido de medida cautelar solicitado por los damnificados que generó el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla, operada por Repsol.

“Lo primero en relación con el comentario del doctor Ralón [respecto a que los pescadores han solicitado medidas cautelares], yo creo que siempre que la gente acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares que básicamente protegen la vida, porque en el Perú no se está haciendo es eso: un fracaso para el Estado”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Siempre que alguien se ve en la necesidad de ir a la Comisión Interamericana a pedir protección es porque el Estado ha fracasado. En este caso [la respuesta frente al derrame] el Estado ha fracasado”, agregó.

Espera los apercibimientos

Másquez Salvador lamentó, en otro momento, que el Estado no quiera actuar de buena manera en la protección de la población, sino que espera los apercibimientos judiciales o supranacionales para atender a los afectados.

“O sea, no tenemos un estado que de buena manera quiera actuar para proteger a la población, sino que espera los apercibimientos de un juez, o sea, los ultimátum judiciales para poder decidir si quiere hacer algo o si no quiere hacerlo, y aun así con problemas”, señaló.

“Y lo que han conseguido en muchos casos [los afectados] no es por la buena gracia del Ejecutivo, sino por las acciones judiciales que han emprendido y que han ganado en algunos casos —como el caso de Cuninico [versus Petroperú]— ha sido la atención médica, que no es la especializada que se requiere, pero hay un plan, un programa en curso que está siendo impulsado a través de la sentencia que se está ejecutando”, indicó.

La amazonía en el olvido

Por otra parte, señaló que las comunidades indígenas, sobre todo las que viven en el cinturón del circuito petrolero entre Amazonas y Loreto, llevan viviendo décadas con los resultados de una actividad negligente de diferentes empresas, e indiferencia u olvido de los medios de comunicación locales o de cobertura nacional.

“Cuando converso mucho con los dirigentes y las dirigentas indígenas, ellos se escandalizan porque dicen que [diferentes empresas en la Amazonía] llevan años contaminando, derramando petróleo décadas, y con suerte sale en el diario de Iquitos, con suerte lo mencionan en RPP en un momento. Sin embargo, aquí, porque ha pasado en Lima ha salido en la prensa y en los diarios por semanas, incluso algunos meses, pero el periodismo puede ser tirano, y a veces se olvida de estos problemas”, declaró.

“Si [la prensa o las autoridades] se olvida del problema de la magnitud y la gravedad de Repsol, que ha ocurrido aquí en el corazón del país, imagínese cómo es la situación con las demás comunidades [y otras empresas que operan la selva]. Las comunidades sobre todo que viven en el cinturón del circuito petrolero entre Amazonas y Loreto ya llevan viviendo décadas con los resultados de una explotación petrolera negligente”, aseveró.

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