Palacio de Gobierno - Ideeleradio
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Debió anularse

Ideeleradio.– El Gobierno debe anular la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Copper Corporation para el proyecto Tía María, subrayó el congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, tras considerar que los conflictos sociales por la actividad minera en nuestro país se deben a la ausencia del Estado en su función regulatoria.

“En mi opinión tiene que anularse la licencia de construcción, porque en su momento si no querían que se venza el plazo, hubieran sacado una resolución y se le hubiera ampliado el plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental por seis meses más o en el peor de los casos, se vence el plazo, caducan los trámites y se iniciaban nuevos trámites”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo creo que estos conflictos de Tía María, Llallimayo en Puno, Las Bambas en Apurímac y lo que hay en Conga en Cajamarca, tienen que ver con una ausencia del Estado en su función regulatoria, porque el Estado debería decir cuáles son los parámetros para respetar el medioambiente y de qué forma tendrían que hacerse las explotaciones mineras y si dañan el medioambiente, remediándolo. Lo que hace el Estado es no regular eso y dejarles a la empresa que se ponga de acuerdo con las comunidades y eso no tiene ningún futuro”, precisó.

Un absurdo jurídico

En otro momento, el legislador dijo tener una visión pesimista de todo lo que pueda ocurrir en el Valle de Tambo a causa del proyecto Tía María. Indicó que es un absurdo jurídico que el Gobierno haya entregado la licencia de construcción al proyecto Tía María sin que antes la empresa lograra obtener la licencia social.

“Yo tengo una visión pesimista sobre lo que puede ocurrir en el caso Tía María. Esto va a continuar entrampado, va a aumentar la protesta, la movilización y tal vez los desatinos que cometa el Gobierno, porque en esta entrega de la licencia de construcción es un absurdo jurídico y casi imposible de aplicar, porque le han dado a la empresa la licencia de construcción a condición a que se le otorgue la licencia social, bajo el pretexto de que se vencían los plazos”, enfatizó.

“Eso es más o menos es otorgarle a un ciudadano que pide su licencia de conducir, se le entregue la licencia, pero se le diga que la pueda usar cuando aprenda a conducir, mientras tanto no la puede utilizar. Eso es un absurdo jurídico”, acotó.

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